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Inhiben la participación social para proteger los bosques

Hay inversión pero no derechos para los ejidatarios, advierte especialista

En México solo once de las 30 zonas en estado crítico por deforestación identificadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del gobierno federal, están identificadas como áreas nacionales protegidas (ANP´s).

Leticia Merino, especialista en temas forestales, cuestionó el trabajo de la Consejo Nacional de Áreas Nacionales Protegidas cuyo presupuesto para 2007 equivalía a 30 pesos por hectárea protegida y la mayor parte de este se va a salarios. Dijo también que no hay una evaluación pública exhaustiva de le eficiencia del actual modelo de gestión de las ANP´s.

Al participar como ponente de la Cátedra Enrique Beltrán en conservación, desarrollo sustentable y biodiversidad, de la UdeG, Merino ofreció un dato que habla de la falta de vigilancia de los recursos maderables en el país: en 2006 la producción de madera legal fue de cerca de 3.1 billones de metros cúbicos, cantidad similar a lo que fue producido de manera ilegal y otra igual a la cosecha como leña.

La doctora en antropología adscrita al Instituto de investigaciones sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que este problema es resultado de las políticas públicas que excluyeron a las comunidades ejidales del control y manejo de los bosques en el país desde los años 50, no obstante que 60 por ciento de los ejidos y comunidades cuentan con recursos forestales.

“Entre 1950 y 1980 los bosques fueron concesionados a empresas privadas y paraestatales. Durante cerca de 25 años de ese periodo, 50 por ciento de las tierras no concesionadas fueron vedadas al uso forestal, por lo que las comunidades perdieron sus derechos sobre estas. En 1980 los ejidatarios se opusieron a la renovación de las concesiones y arrancaron empresas comunitarias forestales con un control más amplio del bosque. A partir de esa década y hasta el año 2000, el gobierno mexicano instrumentó políticas “pro-comunidades” con el apoyo del Banco de México”.

Pero ello no fue suficiente pues si de 1995 a 2000 la producción forestal incrementó de 6.3 a 9.4 millones de metros cúbicos en rollo al año, de 2000 a 2005 estas cifras descendieron  33 por ciento, a pesar de una mayor inversión del Estado.

La colaboradora de la FAO dijo que en diversas partes del mundo se ha demostrado que las condiciones favorables para una eficiente conservación de los bosques tienen que ver con la administración de estos por el Estado, con bajos niveles de pobreza, una fuerte inversión pública, baja densidad poblacional, un fuerte compromiso con la conservación por parte de la social y con burocracias estables.

México por el contrario, tiene condiciones desfavorables para la conservación de macizos forestales: mayor presión de uso de los recursos por grupos en extrema pobreza, alta densidad poblacional, limitados derechos por parte de los ejidatarios y escasos incentivos a largo plazo por parte del gobierno.

Guadalajara, Jal., 24 de noviembre de 2008
Texto: Mariana González
Fotografía: Abel Hernández
Edición de noticias: LCC Lupita Cárdenas Cuevas

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